Un hombre de Mission ha sido sentenciado por su papel en una conspiración violenta para monopolizar la industria de agencias de transporte de migrantes en la región fronteriza de Los Indios, según un comunicado de prensa del fiscal estadounidense Nicholas J. Ganjei.

El comunicado de prensa indicó que Carlos Martínez, de 39 años, se declaró culpable el 6 de febrero. Fue sentenciado a 11 años de prisión federal, seguidos inmediatamente por tres años de libertad supervisada. Además, deberá pagar una multa de 2 millones de dólares.

Martínez cobró al menos 9,5 millones de dólares en pagos de extorsión. Él y su familia blanquearon el dinero a través de cuentas bancarias que controlaban, según el comunicado de prensa.

Según el comunicado de prensa, Martínez y sus cómplices controlaban la industria transmigrante mediante la monopolización y la extorsión a la competencia. Utilizaron el miedo para controlar los precios, eliminar a la competencia y mantener la rentabilidad de la industria mediante asignaciones de fondos comunes y pagos de piso.

El comunicado de prensa indicó que los transmigrantes transportan vehículos y mercancías usados ??desde Estados Unidos a través de México para su reventa en Centroamérica. Solo unos pocos cruces fronterizos estadounidenses, incluido el Puente de Los Indios, permiten el ingreso de transmigrantes a México.

Martínez y sus co-conspiradores fijaron los precios de los servicios de reenvío y crearon una "entidad centralizada", también conocida como el 'pool', para recaudar y dividir los ingresos entre los conspiradores, según el comunicado de prensa.

El comunicado de prensa afirmaba que Martínez dirigía una "violenta organización criminal" y tomó el control del Puente Los Indios, cerca de Harlingen y Brownsville. También contrató trabajadores para supervisar las agencias de tránsito de migrantes y calcular sus propiedades.

Según el comunicado de prensa, los trabajadores cobraban pagos en efectivo. Martínez exigía el cumplimiento ordenando medidas disciplinarias contra las agencias que operaban sin permiso, violaban las normas del "pool", no cobraban precios fijos o se negaban a realizar pagos de extorsión.

Martínez y su organización utilizarían amenazas, intimidación y violencia para imponer el cumplimiento y promover sus conspiraciones antimonopolio y de exportación, según el comunicado de prensa.

A los clientes que no cumplían con la orden se les negaba el acceso al Puente Los Indios o les robaban sus vehículos, según el comunicado de prensa. En casos graves, eran secuestrados, golpeados, atacados con bombas incendiarias, baleados o asesinados.

Hasta el momento han sido condenados otras siete personas, tres de las cuales ya han sido sentenciadas en el mismo caso.