Ante la falta de mano de obra y los cambios en la política migratoria federal, dueños de negocios en El Valle del Río Grande se enfrentan a un panorama incierto. Mientras el gobierno federal reactiva las redadas en campos y restaurantes, surgen preguntas sobre cómo contratar personal sin enfrentar consecuencias legales.

Bajo la ley federal, contratar a una persona indocumentada puede costarle a un negocio multas de hasta $25.000 dólares por trabajador y, en algunos casos, hasta cargos penales si se demuestra que el empleador tenía conocimiento.

"Bajo la ley, la persona, el empleador tiene que  verificar la identidad de la persona y si tiene permiso de trabajo, si al caso no la ha identificado esa persona puede tener multas civiles, también penales", agrega Carlos García, abogado de inmigración.

Esta semana la administración de Donald Trump reactivó las redadas en los campos agrícolas, así como los restaurantes y hoteles, revirtiendo una pausa temporal que se había ordenado días antes. 

La medida afectará a las empresas en todo el país. Y para los dueños de granjas, el panorama es complejo. 

La demanda de mano de obra es alta, pero los procesos legales para contratar extranjeros son lentos y costosos.

"No es un secreto que durante años muchas de estas personas han trabajado sin un estatus legal. Son los que están detrás de los cultivos, en las obras, en la construcción. No todos han podido hacer lo que hicimos nosotros, porque el h 2a es costoso, complicado, involucra abogados, visas y trámites", agrega Bret Erickson, productor agrícola.

El programa H 2A es un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a los empleadores agrícolas contratar trabajadores extranjeros temporales para labores estacionales o por un periodo determinado, o H2B para sectores no agrícolas. 

Pero para acceder a estas opciones, el empleador debe iniciar un proceso legal ante el gobierno federal y cumplir con requisitos estrictos de salario y condiciones. 

De no cumplir con estos requisitos las consecuencias legales pueden ser graves.

"Si ese empleador tiene contratos con el gobierno puede hacer que los Estados Unidos cancele sus contratos con ese negocio", agrega Carlos.

Con las redadas ya reactivadas en todo el país, empresarios y trabajadores inmigrantes se mueven ahora en un entorno de incertidumbre y vigilancia constante. 

Según los expertos, utilizar el formulario I 9 es clave para evitar sanciones. 

Aconsejan a todos los empleadores que tengan dudas buscar asesoría legal antes de hacer una contratación.